La Contraloría General de Colombia ha revelado resultados de una auditoría forense practicada a Coosalud EPS, entidad promotora de salud que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional. El informe del ente de control fiscal detalla un panorama crítico caracterizado por múltiples incumplimientos administrativos, financieros y operativos en el manejo de los recursos públicos de la salud.
Entre los hallazgos financieros más preocupantes se encuentra el uso presuntamente irregular de los recursos de la EPS para respaldar un crédito privado a favor de la firma Coosalud Inversa por un monto de 221.000 millones de pesos, una obligación que finalmente terminó siendo ejecutada con el dinero de la propia entidad de salud. Asimismo, los auditores detectaron posibles pagos sin justificación suficiente que superan los 25.000 millones de pesos dirigidos a empresas vinculadas, además de una preocupante integración contable entre la EPS y otras filiales que comprometió la independencia de su información financiera.
La investigación también sacó a la luz una crisis en la prestación de los servicios médicos dirigidos a los afiliados, evidenciada en un incremento descontrolado de peticiones, quejas y reclamos (PQR). El informe destaca la persistencia en la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales, registrando más de 72.000 entregas pendientes. A esto se suma el incumplimiento del régimen de inversiones obligatorias que debían respaldar las reservas técnicas de la entidad para garantizar la atención de los pacientes.
El entorno administrativo de Coosalud EPS fue calificado por la Contraloría como altamente inestable y débil, reportando el nombramiento de ocho representantes legales distintos en un período menor a dos años. Los peritos forenses identificaron además una presunta red de influencia externa en la que personas sin ningún tipo de cargo formal dentro de la organización tenían una incidencia directa en decisiones estratégicas y financieras clave, lo que debilitó la gobernanza interna y la segregación de funciones de control.
En el ámbito operativo, la auditoría expuso la existencia de graves conflictos de interés en la revisión de cuentas médicas debido a los estrechos vínculos existentes entre las empresas auditoras y los propios proveedores de salud. De igual forma, se evidenció el desvío y la posible utilización de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para sufragar gastos no asistenciales, junto a un esquema de control interno anticorrupción deficiente.
Ante la gravedad de este escenario, la Contraloría General de la República concluyó que existen indicios lo suficientemente sólidos como para dar lugar a responsabilidades de carácter administrativo, disciplinario y fiscal. La documentación de la auditoría forense ya está siendo analizada por los organismos competentes para determinar el alcance de los daños al erario público y no se descarta el inicio de procesos penales contra los directivos y particulares implicados en la debacle financiera de la EPS.
