El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde a la distribución territorial de 172.425.000 euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el fortalecimiento del primer nivel asistencial.
Este presupuesto correspondiente al ejercicio de 2026, permitirá dar continuidad a las reformas del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar los objetivos del Plan de Acción 2025-2027. Con esta inyección, la inversión estatal acumulada en la medicina familiar supera los 1.000 millones de euros desde el inicio de la legislatura, sumando los fondos anuales ordinarios y el presupuesto extraordinario de 493,8 millones del Plan de Mejora de Infraestructuras (MINAP).
La asignación de estos fondos se ha estructurado bajo un modelo de corresponsabilidad institucional: el 50% se distribuyó mediante variables demográficas y geográficas objetivas, mientras que el 50% restante estuvo condicionado al cumplimiento de compromisos de gestión.
Para acceder a la totalidad de los créditos, las autonomías debían acreditar la consecución de cuatro hitos clave en recursos humanos: la reducción de la temporalidad en el empleo público, la creación de incentivos para puestos de difícil cobertura, la incorporación de enfermeras especialistas y la estabilidad de las unidades docentes. Tras las verificaciones del Ministerio de Sanidad, todas las comunidades autónomas de régimen común cumplieron los requisitos y recibirán el 100% de la financiación.
Los créditos ministeriales se canalizarán a través de dos aplicaciones presupuestarias específicas que abarcan gastos corrientes y de capital. La primera partida (26.04.313B.456), dotada con 85,3 millones de euros, distribuirá cerca de 85 millones entre las comunidades autónomas y transferirá 314.372 euros al INGESA para financiar las actuaciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por su parte, la segunda línea de financiación (26.04.313B.750), que asciende a 87,1 millones de euros, destinará 86,8 millones a los gobiernos regionales y 321.372 euros a la infraestructura sanitaria de los enclaves norteafricanos.
Entre las principales novedades destaca el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en tiempo real, una medida tecnológica diseñada para liberar a los facultativos de la carga burocrática y permitirles centrarse en la interacción directa con el usuario. Asimismo, se contempla la optimización de los procesos administrativos y una renovación de los equipamientos clínicos para ampliar el catálogo de procedimientos diagnósticos accesibles en los ambulatorios, evitando derivaciones innecesarias a los hospitales.
Paralelamente, los fondos se invertirán en el refuerzo de la capacidad de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) y en el desarrollo de programas de salud comunitaria mediante la creación de escuelas de salud para la ciudadanía. En el ámbito de la seguridad del paciente, se avanzará en la implementación de sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y se promoverán revisiones estructuradas de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación, minimizando los riesgos asociados al consumo simultáneo de múltiples fármacos.
