El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció la expulsión de 750.000 personas del sistema de atención médica conocido como Obamacare, tras detectar que sus inscripciones se realizaron mediante mecanismos fraudulentos. La medida, coordinada por la Fuerza de Tarea Anti-Fraude de la Casa Blanca, busca detener la asignación irregular de subsidios estatales y generar un ahorro de 2.200 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.
El plan del Ejecutivo incluye además someter a auditoría las credenciales de otros 419.000 usuarios activos. Según detalló la vicepresidencia, las inspecciones se centrarán en certificar la residencia legal de los beneficiarios en el país y constatar que sus niveles de ingresos coincidan con los umbrales financieros requeridos por la ley para recibir la asistencia pública.
Irregularidades de registro y falta de uso del servicio
El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el doctor Mehmet Oz, presentó detalles sobre la magnitud del fraude durante la comparecencia oficial. Oz reveló que más de 1,1 millones de personas inscritas durante la última convocatoria carecían de número de Seguro Social, una cifra atípica respecto al promedio histórico del 1% en el programa. De igual forma, el funcionario indicó que el 35% de los afiliados bajo investigación nunca utilizó la cobertura para adquirir medicamentos o consultar especialistas.
Las autoridades vincularon el incremento de irregularidades a esquemas de corrupción operados por corredores de seguros. Las pesquisas identificaron redes dedicadas a afiliar masivamente a ciudadanos (muchos de los cuales ignoraban estar dentro del sistema o ni siquiera existían en las bases de datos fiscales) con el propósito de cobrar comisiones de intermediación a las compañías aseguradoras.
Sanciones judiciales contra las redes de fraude
Como antecedente del operativo, las autoridades federales expusieron casos judiciales recientes que evidencian el modus operandi de estas agrupaciones. Destaca la condena del Departamento de Justicia contra los ciudadanos Cory Lloyd y Stephen Strong, acusados de engañar a poblaciones vulnerables y víctimas de desastres naturales en Florida para inscribirlos sin su consentimiento en los planes de salud.
La investigación judicial derivó en una sentencia de 20 años de prisión para ambos implicados tras ser hallados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. El fallo incluyó además la orden de pagar 180,6 millones de dólares en restitución al Estado, sentando el precedente legal con el que la administración justifica el endurecimiento de los controles en el sistema de salud.
