Centenares de médicos procedentes de diversas comunidades autónomas de España se concentraron este lunes frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid, para protestar contra la reforma del Estatuto Marco. Los manifestantes advirtieron a la ministra de Sanidad, Mónica García, que si el Gobierno no reconsidera los términos de la normativa y atiende sus demandas sectoriales, el actual conflicto laboral escalará hacia una huelga indefinida a la vuelta del verano. La movilización, que reunió a unas 600 personas según estimaciones de la Policía Nacional, refleja la profunda fractura existente entre el colectivo médico y la administración central.
La protesta coincide con el inicio del quinto paro semanal programado para el año 2026, el cual representa la jornada de huelga número 31 desde que comenzó esta prolongada disputa laboral hace más de 16 meses. El Comité de Huelga Médica (integrado por las principales fuerzas sindicales del país como la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS de Madrid, el SME de Euskadi y O’MEGA de Galicia) lideró la concentración. Durante el acto, los facultativos corearon consignas que denunciaban la explotación laboral y alertaban sobre los riesgos asistenciales derivados del cansancio extremo de los profesionales de la salud.
El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, señaló ante los medios que la responsabilidad del conflicto ha pasado de ser exclusivamente de la ministra de Sanidad a convertirse en un problema político de carácter estatal. Esto se debe a que el borrador del Estatuto Marco ya fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y se encuentra en fase de alegaciones. Por este motivo, Lázaro instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a implicarse personalmente en la negociación para evitar un colapso mayor del sistema público de salud tras el periodo estival.
Las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales se resumen en la exigencia de un estatuto específico e independiente para la profesión médica y la creación de una mesa de diálogo exclusiva. Los representantes del sector alegan que la norma actual se ha diseñado sin el consenso de los facultativos, lo que agrava la precarización y acelera la fuga de profesionales de la sanidad pública. El secretario general de CESM, Víctor Pedrera, enfatizó la necesidad de que el Ministerio designe a interlocutores debidamente capacitados para reestructurar las condiciones laborales y detener el éxodo de médicos hacia el sector privado o el extranjero.
El impacto asistencial acumulado tras más de un año de paros y protestas intermitentes es crítico para la atención sanitaria del país. De acuerdo con los balances ofrecidos por los portavoces sindicales, el conflicto ya ha provocado la cancelación y reprogramación de más de tres millones de procesos médicos a nivel nacional, incluyendo consultas externas, pruebas diagnósticas especializadas e intervenciones quirúrgicas. Los líderes médicos lamentaron el perjuicio directo que esta situación causa a las listas de espera de los pacientes, pero argumentaron que la inacción gubernamental no les deja otra alternativa.
Asimismo, el malestar del colectivo no se limita a la gestión del Ministerio de Sanidad, sino que se extiende a las administraciones autonómicas. La secretaria general del sindicato madrileño Amyts, Ángela Hernández, manifestó que las negociaciones tampoco están prosperando de manera satisfactoria con las distintas consejerías de salud en territorios clave como Cataluña o Madrid. Ante la falta de avances en ambos niveles de la administración, el comité de huelga anunciará en septiembre un nuevo calendario definitivo de movilizaciones si las alegaciones presentadas no son incorporadas al texto legal definitivo.
