El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, bajo la dirección de la ministra Ana María Vesga, oficializó la implementación de un plan de choque administrativo y financiero destinado a contener irregularidades fiscales y presuntos hechos de corrupción en la cartera. La decisión se tomó tras la publicación de los informes de auditoría de la Contraloría General de la República correspondientes a la vigencia 2025, los cuales arrojaron una opinión contable negativa sobre el manejo presupuestario del sector.
La inspección fiscal reveló una brecha de 2,9 billones de pesos entre los recursos comprometidos y los giros efectivamente obligados. De una apropiación de 4,4 billones de pesos identificada en agosto de 2026, únicamente 1,3 billones contaban con soporte de pago. Asimismo, las autoridades detectaron 176 proyectos bajo revisión, de los cuales 108 (valorados en 365.000 millones de pesos, principalmente para obras de infraestructura) carecían del registro presupuestal correspondiente.
Congelación de contratos y acciones ante la Fiscalía
Ante la disparidad de los balances, la ministra Vesga emitió una circular directiva para suspender temporalmente la suscripción de nuevos contratos, convenios, prórrogas y adiciones presupuestales dentro del ministerio. La titular de la cartera enfatizó que la medida busca auditar los compromisos previos y asegurar que los recursos se orienten exclusivamente a la red hospitalaria, insumos médicos y personal de salud.
Paralelamente, la alta funcionaria radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la circulación de material fonográfico donde personas externas exigían comisiones del 8% a nombre del despacho ministerial. Desde la entidad ratificaron una política de cero tolerancia frente a la intermediación ilegal, asegurando el inicio de auditorías permanentes sobre las asignaciones del sistema.
Procuraduría abre investigaciones por crisis en la Nueva EPS
En un frente paralelo, la Procuraduría General de la Nación inició expedientes disciplinarios contra exfuncionarios gubernamentales y directivos aseguradores tras detectar pasivos billonarios y anticipos sin legalizar por un monto superior a los 17 billones de pesos en la Nueva EPS. Entre los investigados figuran el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero; y el exinterventor de la entidad, Jorge Iván Ospina.
El órgano de control busca determinar si las decisiones administrativas e intervenciones estatales adoptadas en el periodo reciente profundizaron la crisis de liquidez de la aseguradora. El deterioro operativo se ha reflejado en un incremento masivo de acciones de tutela y reclamos por demoras en la entrega de medicamentos y acceso a tratamientos de alto costo a nivel nacional.
