Una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos denunció formalmente la grave situación humanitaria que enfrentan decenas de presos políticos con problemas de salud crónicos dentro de los centros de reclusión en Venezuela.
La directora de la organización expuso las alarmantes condiciones de confinamiento durante una entrevista en un programa informativo de televisión internacional. La activista afirmó de forma contundente que las autoridades del régimen venezolano ignoran deliberadamente el estado de los reclusos y que no existe ningún tipo de intención oficial de trasladar a los pacientes hacia un centro hospitalario o de proveerles las atenciones médicas necesarias para su mejoría.
De acuerdo con los datos presentados, el colapso y las deficiencias operativas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses han agravado la vulnerabilidad de la población carcelaria en el país. Esta inacción estatal ha provocado que al menos 51 prisioneros políticos que padecen enfermedades crónicas se encuentren actualmente privados de cualquier tipo de diagnóstico, tratamiento continuo o asistencia médica especializada.
El pronunciamiento de la entidad civil se suma a las constantes quejas de diversas plataformas que catalogan esta omisión de asistencia como una violación a las garantías fundamentales de los detenidos. El contexto de los privados de libertad en Venezuela sigue bajo el escrutinio de organismos internacionales debido a los patrones de maltrato documentados en los centros de detención.
Durante la intervención, la portavoz hizo especial énfasis en las condiciones de los reclusos vinculados a un conocido caso judicial de incursión armada, asegurando que las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos los detenidos en esa causa particular son incontables. Estas afirmaciones coinciden con las alertas previas de otros defensores de derechos humanos, quienes han advertido que tanto los presos políticos como sus familiares sufren permanentemente de esquemas de extorsión institucional destinados a forzar autoincriminaciones.
Los defensores de los derechos humanos insisten en que todavía quedan cientos de ciudadanos tras las rejas por razones estrictamente ideológicas en Venezuela. Ante este panorama, la entidad reiteró su llamado urgente a la comunidad internacional para que presione por la apertura de canales humanitarios que permitan evaluar de inmediato a los 51 prisioneros crónicamente enfermos antes de que sus cuadros clínicos empeoren de forma irreversible.
