El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratificó la sanción de un mes de suspensión del ejercicio profesional impuesta a una farmacéutica de Bizkaia por incurrir en una infracción grave durante la dispensación de medicamentos. La resolución judicial confirmó que la profesional suministró de manera irregular un total de 1.334 envases de un potente fármaco anestésico a una misma paciente, facturando casi 356.000 euros al sistema público de salud vasco (Osakidetza) a lo largo de casi cuatro años.
Los hechos probados por el alto tribunal revelaron que, entre mayo de 2019 y enero de 2023, la sancionada dispensó el medicamento Qutenza 179 microgramos (un tratamiento en parches cutáneos de alta concentración para el dolor cuyo valor unitario asciende a 266,84 euros). Aunque la pauta médica estándar determina que cada envase debe cubrir un periodo de 90 días, la farmacéutica llegó a registrar la entrega de una media cercana a los 30 envases mensuales, realizando 335 operaciones de dispensación en las que facturaba cuatro cajas por cada acto.
El Consejo de Farmacéuticos del País Vasco y la propia Sala del TSJPV remarcaron que la pauta registrada en el sistema, de un parche cada 24 horas, resultaba un error manifiesto que la profesional omitió corregir. Los magistrados concluyeron que la farmacéutica actuó "a ciegas", incumpliendo sus deberes deontológicos elementales al no asesorar a la usuaria, no derivarla a la consulta médica para ajustar la prescripción y no ejercer el filtro de seguridad activo que exige la atención farmacéutica.
La investigación sacó a la luz además que la profesional acumuló 258 envases del analgésico durante cuatro años que nunca fueron entregados a la paciente, pese a haber sido debidamente facturados al Concierto de Prestaciones. Frente a los alegatos de buena fe y cumplimiento estricto de la receta presentados por la defensa, la sentencia rebatió que el cobro masivo de un medicamento de alto coste que la paciente no retiraba ni necesitaba dista de constituir una correcta asistencia.
El fallo del TSJPV fundamentó la severidad de la medida en el carácter continuado de la irregularidad, la cual causó un menoscabo directo a las arcas públicas del sistema sanitario y un deterioro al prestigio de la profesión colegiada. Asimismo, la resolución subrayó la gravedad del riesgo potencial generado para la salud de la paciente al permitirse un consumo desmedido de un anestésico de estricto control médico.
Con este dictamen, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó en su totalidad el recurso presentado por la farmacéutica contra la resolución del Juzgado de Instancia de Bilbao de febrero de 2026. La ratificación judicial deja firme la sanción administrativa emitida originalmente en julio de 2024, sentando un precedente sobre la responsabilidad inexcusable de los profesionales de la farmacia en la supervisión de las prescripciones médicas.
