Un nuevo estudio nacional realizado en Nueva Zelanda ha revelado una asociación significativa entre la exposición al agua potable contaminada con nitratos y los partos prematuros. La investigación, desarrollada de forma conjunta por especialistas de las universidades de Canterbury, Otago y Massey, sugiere que la contaminación hídrica derivada de la actividad agrícola podría ser la responsable directa de aproximadamente 120 nacimientos prematuros al año en el país, lo que equivale al 4% de los embarazos que terminan entre las semanas 20 y 37 de gestación.
Los hallazgos científicos, que serán publicados formalmente en la revista Environmental Research en septiembre, se basaron en el análisis clínico y geográfico de más de 735,000 nacimientos registrados entre los años 2008 y 2021. Los autores del informe destacaron que el riesgo de un parto prematuro aumenta de manera proporcional a medida que se incrementan las concentraciones de este compuesto químico en el suministro de agua, observándose las asociaciones más graves en las zonas con mayor índice de contaminación acumulada.
El descubrimiento ha generado una gran preocupación debido a que los efectos adversos en la salud materna y fetal se detectaron a niveles de exposición muy inferiores al límite legal permitido en Nueva Zelanda, el cual está fijado actualmente en 11.3 miligramos de nitrato por litro. Esta situación ha impulsado la necesidad de actualizar los marcos regulatorios vigentes, diseñados originalmente para prevenir la afección infantil conocida como "síndrome del bebé azul", pero que podrían resultar insuficientes para proteger el desarrollo prenatal.
El problema de la calidad del agua es un tema de alta sensibilidad política y económica en el país, donde la industria láctea constituye el motor principal de las exportaciones nacionales, con proyecciones de ingresos récord que alcanzan los 28,600 millones de dólares neozelandeses para mediados de 2026. Los informes medioambientales atribuyen la presencia de nitratos en las fuentes de agua subterránea y potable al uso intensivo de fertilizantes nitrogenados sintéticos y a la constante filtración de estiércol proveniente de la ganadería a gran escala.
Tras la difusión de los resultados preliminares del estudio, organizaciones ecologistas como Greenpeace exigieron que se responsabilice legal y financieramente a las corporaciones lácteas por el impacto ecológico de sus operaciones. Los activistas instaron al Gobierno a frenar la contaminación en su origen mediante la aplicación de límites estrictos al uso de agroquímicos y una regulación más severa sobre la densidad del ganado en las tierras agrícolas.
