La Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que Estados Unidos perdió la capacidad de frenar la transmisión local sostenida del sarampión, un estatus que el país mantenía desde el año 2000. Conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pérdida de esta certificación oficial significa que el virus circula libremente entre la población no vacunada sin que los sistemas sanitarios logren extinguir los brotes.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizó 5.412 casos de sarampión en lo que va de 2026, acompañados por más de 590 hospitalizaciones y al menos seis fallecimientos directamente relacionados con la enfermedad. Las infecciones se propagaron a 45 estados y al Distrito de Columbia, destacando el brote en Pensilvania con más de 1.500 casos y siete muertes. Las cifras superan ampliamente los registros del año anterior (cuando se contabilizaron 2.242 casos y tres decesos) y demuestran que un tercio de las infecciones actuales provienen de brotes iniciados en 2025 que nunca se contuvieron.
Para preservar la condición de país libre de sarampión, la OPS exige mantener una tasa de vacunación de al menos el 95% junto con sistemas sólidos de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, la cobertura de inmunización infantil decayó de manera notable en diversas comunidades, impulsada en parte por normativas estatales que en 2025 facilitaron los trámites para obtener exenciones de vacunación. Los datos del CDC indican que el 96% de los infectados en 2026 no estaba vacunado o desconocía su estado de inmunización, mientras que apenas el 2% correspondía a personas completamente protegidas con la vacuna MMR, cuya efectividad alcanza el 97%.
Especialistas médicos advierten que la pérdida del estatus sanitario expone gravemente a los sectores que no pueden recibir la vacuna (tales como bebés, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas), quienes dependen de la inmunidad colectiva para evitar complicaciones graves como neumonía y encefalitis. Ante este escenario, la atención política se centra en las legislaturas estatales que retomarán sesiones en enero de 2027 para reevaluar las normativas de exención y fortalecer las políticas de salud pública.