El Gobierno nacional presentó oficialmente una estrategia extraordinaria y de carácter temporal destinada a destrabar el represamiento de procedimientos médicos y la entrega de medicamentos en todo el territorio nacional. El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo de la Espriella tras la celebración de un consejo de ministros, en el que se detallaron las claves para atender las solicitudes acumuladas de más de un millón de colombianos.
La medida responde a la crisis en la oportunidad del servicio reflejada en las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud. Entre enero y julio de 2026, la entidad registró 1.220.142 peticiones, quejas y reclamos (un promedio diario de 5.722 denuncias), de las cuales el 92% correspondió a barreras de acceso a servicios y tecnologías fundamentales para la continuidad de los tratamientos médicos.
Priorización por riesgo vital y fases de atención
Mediante el rastreo de reclamos y la consolidación de bases de datos junto con las aseguradoras, el Ministerio de Salud identificó a 1.069.196 usuarios con trámites pendientes. La meta de la primera etapa abarca resolver la situación de 300.000 pacientes que esperan cirugías o diagnósticos aplazados, así como garantizar el despacho de fármacos a más de 700.000 ciudadanos.
Para la ejecución de esta fase inicial, las autoridades determinaron que la prioridad absoluta de atención se concentrará en las personas con alto riesgo de hospitalización por asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC o gestación. De igual manera, se dará paso preferente a diagnósticos de cáncer, VIH, diabetes insulinodependiente, trasplantes, condiciones neurodegenerativas y enfermedades huérfanas. La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, confirmó que las etapas posteriores abordarán a pacientes con riesgo de eventos agudos y a quienes mantengan citas o formulaciones pendientes.
Alivio financiero a la red pública y privada sin eximir a las EPS
En el frente económico, el Ejecutivo habilitará un mecanismo de compra de cartera dirigido a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado. El objetivo es inyectar liquidez directa a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y a la industria farmacéutica mediante recursos asignados con un año de período de gracia y una tasa de interés del 0%, enfocados exclusivamente en la facturación de atenciones represadas.
El presidente enfatizó que la compra de cartera no representa un cheque en blanco ni duplica pagos ya liquidados, reiterando que las EPS mantienen su obligación constitucional de garantizar la continuidad de los servicios. La trazabilidad y control de los recursos estará bajo el mando de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia de Salud. Como complemento, el plan prevé la eliminación de trámites administrativos repetitivos y la habilitación de una Central Unificada de Quejas para acelerar las respuestas del sistema.
