El Parlamento Europeo dio luz verde a una reforma de la legislación comunitaria orientada a acelerar la salida del mercado de productos cosméticos que contengan sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR). La iniciativa (respaldada por 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones) consolida el acuerdo provisional alcanzado con los gobiernos de los Estados miembros y queda a la espera de la ratificación formal del Consejo de la Unión Europea.
La nueva norma establece un plazo de seis meses para que los fabricantes cesen la comercialización de los cosméticos que incorporen sustancias prohibidas y otorga un período adicional de seis meses para completar su retiro total de los puntos de venta. Este calendario reduce significativamente los tiempos de 12 y 24 meses que contemplaba la propuesta inicial de la Comisión Europea, reforzando la protección directa a los consumidores comunitarios.
El texto contempla que las empresas que requieran una exención científica dispongan de tres meses desde la reclasificación de un compuesto para solicitar la salvedad a las autoridades sanitarias. En caso de que la petición sea denegada por motivos de seguridad humana, los fabricantes contarán con un margen estricto de tres meses para interrumpir la distribución y de nueve meses para la retirada completa del stock comercializado. Asimismo, el Parlamento rechazó excluir las sustancias peligrosas por exposición oral o inhalación y mantuvo la exigencia de notificar a Bruselas los productos que utilicen nanomateriales.
De forma complementaria, la reforma flexibiliza las obligaciones de etiquetado para la industria química y de fertilizantes mediante el uso de herramientas digitales. La normativa autoriza ubicar parte de la información técnica únicamente en formato digital para envases pequeños que dificulten la lectura física, siempre que los pictogramas de peligro permanezcan claramente visibles y el embalaje exterior conserve los datos integrales. Las empresas dispondrán de un plazo de 15 meses para actualizar las etiquetas ante el hallazgo de nuevos riesgos para la salud.
