El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
El texto, impulsado por el departamento de la ministra Mónica García, de este modo se pretende actualizar una norma regulatoria de las condiciones laborales del sistema sanitario español que data del año 2003. Sin embargo, esta aprobación se produce en una jornada marcada por un profundo conflicto sectorial, coincidiendo con la convocatoria de protestas por parte de los facultativos, quienes rechazan de forma tajante el contenido del documento.
La respuesta de las organizaciones de médicos en España ante este avance legislativo ha sido de confrontación directa. El comité de huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y organizaciones de peso regional como Amyts, Metges de Catalunya, el Sindicato Médico Andaluz, el Sindicato Médico de Euskadi y el gallego O'mega, ha ratificado la convocatoria de una huelga nacional prevista para la semana del 15 al 19 de junio. Asimismo, de cara al inicio de los paros, han convocado una gran concentración de profesionales frente a la sede del Ministerio de Sanidad el próximo 15 de junio, al considerar que la ley se ha sacado adelante sin el consenso de la profesión.
Los facultativos españoles denuncian que la nueva ley perpetúa una situación que definen como abandono, sobrecarga y falta de reconocimiento. Uno de los puntos de mayor fricción radica en que los sindicatos de médicos no han tenido voto en la mesa de negociación, ya que el texto fue acordado entre Sanidad y los sindicatos de clase CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde. El colectivo médico sigue exigiendo un estatuto de regulación propio e independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) para negociar sus particularidades profesionales, una alternativa legislativa que el Ministerio de Sanidad ha descartado implementar desde un inicio.
El nuevo marco regulatorio introduce cambios en las jornadas, fijando el límite máximo en 45 horas semanales de promedio en cómputo cuatrimestral y reduciendo las guardias a un máximo de 17 horas, frente a las 24 actuales. Aunque Sanidad defiende que esto acaba con las guardias de 24 horas y mejora la conciliación, los médicos lamentan que en la práctica la ley no cambiará la dinámica asistencial y denuncian que se les imponga este volumen horario cuando en otros sectores se avanza hacia las 35 horas.
La reforma promovida por el Ejecutivo español también aborda la temporalidad del empleo público, limitando la duración de los nombramientos interinos en plazas vacantes a un máximo de tres años y obligando a convocar Ofertas de Empleo Público (OPEs) al menos cada dos años. Adicionalmente, se plantea estructurar al personal en grupos de clasificación profesional según el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y crea la categoría de personal estatutario investigador para doctores.
Como muestra del descontento generalizado, facultativos de diversas comunidades autónomas han decidido de forma voluntaria dejar de realizar las denominadas "peonadas", las horas extraordinarias destinadas a reducir las listas de espera. En el plano político, la norma básica estatal deberá ser ahora desarrollada por las distintas autonomías dentro de sus competencias. Mientras el Ministerio de Sanidad ha convocado a un Consejo Interterritorial de Salud este jueves para informar del proyecto, consejerías autonómicas como la de Madrid han reprochado a la ministra García que intente "proyectar responsabilidades" ministeriales sobre las administraciones regionales.
