En este 2026, se cumplen oficialmente nueve años desde la suspensión del programa de trasplantes con donante cadáver. Lo que originalmente fue anunciado en 2017 como una medida provisional de tres meses por la gubernamental Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) para solventar fallas en el suministro de inmunosupresores, se ha consolidado como una parálisis estructural que roza la década. Frente a este escenario, organizaciones civiles exigen que la reactivación de este sistema asuma un lugar prioritario e impostergable en el debate político nacional.
Una organización no gubernamental ha alzado la voz a través de un pliego de exigencias contundentes, argumentando que antes de reactivar los quirófanos es indispensable una inversión estructural profunda en los centros de salud. Sus demandas contemplan el aseguramiento al 100% de servicios básicos hospitalarios (como agua potable, energía eléctrica y ascensores funcionales), la reapertura de especialidades críticas como Cardiología y Neurología en centros de referencia, y la dignificación salarial del personal médico y de enfermería para frenar la migración masiva de especialistas en Nefrología.
La paralización de la procura de órganos ha dejado consecuencias humanas irreparables. Las estadísticas de la ONG documentan que, hasta el año 2025, el servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos acumulaba 85 decesos de niños, niñas y adolescentes desde el cese del programa. Esta lista continúa sumando nombres en 2026, registrándose el fallecimiento de la pequeña Isabella González el pasado 3 de mayo, y el de Daymar Sira el 30 de mayo. Actualmente, los trasplantes de donante vivo (la única modalidad activa en el país) se limitan casi con exclusividad a la población adulta debido a las estrictas exigencias de compatibilidad genética, dejando a la deriva a los pacientes pediátricos.
A este doloroso panorama se añade el desgaste psicológico que sufren los familiares encargados del cuidado. Evaluaciones realizadas por la misma ONG revelan que el 85% de las madres y abuelas cuidadoras experimentan profundos pensamientos de angustia, mientras que el 77% padece de una preocupación constante. Este deterioro emocional se encuentra directamente detonado por las prolongadas e interminables listas de insumos médicos y reactivos que los propios centros hospitalarios les exigen de forma cotidiana para poder atender a sus hijos.
Por su parte, el discurso de la administración oficial contrasta drásticamente con la realidad operativa que reportan médicos y pacientes en el interior del país. Mientras que a inicios de año Delcy Rodríguez, aseguró que la nación cuenta con 176 salas de diálisis gratuitas y equipadas a través de programas estatales para mitigar las llamadas "heridas sociales", las protestas ciudadanas evidencian el colapso técnico. Un ejemplo reciente ocurrió el 3 de junio en Calabozo, estado Guárico, donde pacientes renales trancaron las calles tras la muerte de un compañero y denunciaron que, de 21 máquinas de diálisis instaladas, solo 6 se encuentran operativas debido a la obsolescencia tras 15 años de uso.
El colapso también responde a un fuerte cuello de botella financiero y logístico. El nefrólogo Jorge Nazzoure explicó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) asigna un valor irrisorio que no supera los 0,60 centavos de dólar por sesión de diálisis, lo que imposibilita el mantenimiento preventivo de los equipos y desmotiva al personal. De acuerdo con la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN), la enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población nacional y más de 5.300 venezolanos dependen críticamente de la diálisis o un trasplante para sobrevivir.
(Con información de El Nacional)
