Un exdetective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue condenado el miércoles a 48 meses de prisión tras demostrarse su responsabilidad en la orquestación de una extensa red de fraude electrónico.
El exoficial aprovechó la crisis sanitaria de la pandemia para tramitar de forma ilícita préstamos federales de asistencia económica, beneficiando a decenas de personas. La sentencia fue dictada en un tribunal federal de Brooklyn por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Diane Gujarati, luego de que el acusado se declarara culpable el pasado 18 de febrero de 2026.
El sentenciado fue identificado como John Bolden, de 47 años y residente de Valley Stream, quien al momento de cometer los delitos se desempeñaba como miembro activo del cuerpo policial neoyorquino y, paralelamente, como socio de una franquicia dedicada a la preparación de impuestos. Además de la pena privativa de libertad, la justicia le ordenó el pago de una indemnización por la suma de 303.138 dólares, junto con la imposición de una multa y decomiso de bienes valorados en 112.002 dólares.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York y la oficina del FBI, el esquema delictivo operó activamente entre mayo de 2020 y octubre de 2022. Durante este período, Bolden colaboró con el propietario de la franquicia fiscal (señalado como co-conspirador) para adulterar y presentar formularios fiscales ficticios ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). La maniobra fraudulenta tenía como propósito inventar lugares de trabajo e ingresos falsificados para calificar en el Programa de Protección de Nóminas (PPP), un fondo de emergencia creado federalmente para sostener a los comercios afectados por los confinamientos.
La red de complicidad procesó solicitudes ilícitas en línea para más de 65 clientes, permitiéndoles extraer sumas masivas de fondos públicos. Para expandir el negocio ilícito, el exdetective utilizó a su madre, Jacqueline Johnson, y a su primo, Christian McKenzie, como intermediarios encargados de reclutar solicitantes a cambio de comisiones en efectivo que oscilaban entre los 3.000 y 4.000 dólares por persona. Las pesquisas judiciales comprobaron que Bolden intentó defraudar un total cercano a los 3 millones de dólares, logrando desviar de manera efectiva varios cientos de miles de dólares del erario.
Entre los beneficiarios directos del fraude figuraban familiares, conocidos y compañeros de trabajo de la propia policía de Nueva York. Tal es el caso de Anthony Carreira, otro exdetective del NYPD que radicó documentación falsa para obtener financiamiento tanto para él como para su cónyuge, pagando sobornos a Bolden con el dinero obtenido. Por estos hechos, Carreira ya recibió una sentencia al tiempo cumplido el pasado 6 de marzo de 2026, mientras que McKenzie aguarda la lectura de su condena programada para el próximo 14 de julio.
Joseph Nocella, Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, repudió las acciones del exoficial señalando que, a pesar de haber jurado defender la ley, Bolden se aprovechó descaradamente de un programa diseñado para la supervivencia de empresas en crisis. En sintonía, James C. Barnacle, subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, remarcó que el acusado traicionó la integridad de la institución policial para su enriquecimiento personal, ratificando el compromiso de las agencias de seguridad para perseguir los delitos financieros relacionados con la asistencia por la pandemia.
