El Connecticut Children’s Medical Center acordó poner fin a la realización de procedimientos de mutilación quirúrgica y castración química en niños y adolescentes. La resolución responde a la firme ofensiva del Gobierno federal para erradicar la ideología de género de la medicina pediátrica, dando cumplimiento directo a las órdenes ejecutivas dictadas por la administración del presidente Donald Trump para salvaguardar la integridad de los menores de edad.
El acuerdo legal exige al centro hospitalario la suspensión inmediata de la prescripción de bloqueadores de la pubertad, la administración de hormonas cruzadas y cualquier tipo de cirugía de mutilación genital o mastectomía en menores. Asimismo, la institución médica deberá pagar una penalización económica y destinar medio millón de dólares para la atención de víctimas del llamado "transtorno de género", brindando asistencia a las personas que buscan la destransición tras sufrir los irreversibles daños físicos, psicológicos y esterilizantes causados por estos experimentos médicos.
La justicia actúa contra la agenda globalista y los atropellos a la patria potestad
El Connecticut Children’s Medical Center se convierte así en la tercera gran institución de salud en capitular ante el Departamento de Justicia, sumándose a los precedentes del Texas Children’s Hospital y la Cleveland Clinic Foundation. Estas acciones legales forman parte de un esfuerzo para desmantelar las redes clínicas y la industria farmacéutica que lucraron durante años con la imposición de agendas ideológicas en la infancia, restableciendo el principio fundamental de que la biología y la naturaleza deben ser respetadas.
El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Stanley Woodward, ratificó el compromiso de las autoridades para aplicar la ley con todo su peso y garantizar que ningún establecimiento vulnere la vida de los más indefensos.
Restauration del orden natural y la protección de los derechos de los padres
El marco legal impulsado por la administración federal fortalece la aplicación de las leyes contra la mutilación genital infantil y promueve reformas legislativas para garantizar el derecho de los padres y víctimas a demandar a los responsables de estos atropellos. Este despliegue judicial apunta directamente a los autodenominados "estados santuario", los cuales han pretendido vulnerar la patria potestad y despojar de la custodia a aquellos padres que se oponen a la mutilación de sus hijos.
Mediante la invocación de la ley de prevención del secuestro parental y los derechos constitucionales de la familia, el Departamento de Justicia reiteró que no tolerará que ninguna agenda ni institución atente contra el desarrollo saludable de los niños. Con estas medidas, Estados Unidos avanza en la restauración del sentido común, la ley y el orden, reafirmando que la protección de la infancia y la autoridad de la familia son pilares innegociables de la sociedad.
