la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) ha capitulado vilmente al dar luz verde para reanudar el ensayo clínico "Pathways". Financiado con el dinero de los contribuyentes a través de un Servicio Nacional de Salud (NHS) sumido en la decadencia,este proyecto permitirá la castración química y biológica de niñas de apenas 11 años y niños de 12. La reactivación de este programa, que había sido justamente suspendido por sus brutales implicaciones médicas, demuestra que para el Ejecutivo actual los dogmas políticos están muy por encima de la seguridad de la infancia.
Riesgos biológicos e infertilidad permanente
La resolución de la agencia gubernamental británica representa una preocupante traición a la deontología médica y una sumisión absoluta frente al activismo. Las propias autoridades han tenido que admitir por escrito que los riesgos de estos tratamientos hormonales son severos y aún no han sido cuantificados.
Informes médicos independientes ya habían determinado de forma contundente que bloquear el desarrollo natural de los menores conduce directamente a la infertilidad permanente. El Estado británico, en lugar de actuar como barrera de protección, ha decidido patrocinar la destrucción de las funciones reproductivas de cientos de niños antes de que tengan la madurez cognitiva mínima para comprender las secuelas médicas que arrastrarán el resto de sus vidas.
Un giro político envuelto en opacidad y cobardía
La tibieza y la complicidad del actual primer ministro y de su titular de Salud, James Murray, han quedado retratadas en esta crisis sanitaria. Con una total falta de firmeza, Murray ha desmantelado el legado de su predecesor, Wes Streeting, quien había calificado estos procedimientos de "escándalo" y decretado una prohibición indefinida en el sistema ordinario para los menores de 18 años. La actual administración anunció de manera clandestina la reanudación del experimento, aprovechando que la opinión pública estaba completamente distraída con las disputas de liderazgo en el Parlamento.
Cambios cosméticos bajo la lupa científica
El protocolo reescrito por el King’s College de Londres y el South London and Maudsley NHS Foundation Trust está lleno de cambios cosméticos que los críticos tachan de "triviales". La MHRA no tuvo el más mínimo reparo en rebajar el límite de edad a los 11 y 12 años, ignorando las advertencias de sus propios asesores que exigían una barrera mínima de 14 años. Colectivos de padres de familia y científicos alertan que estos fármacos sabotean de forma irreversible el desarrollo óptimo de la densidad ósea, frenan el correcto desarrollo del tejido cerebral y merman de por vida las capacidades cognitivas de las víctimas de estas políticas irresponsables.
Rechazo de figuras públicas y sobornos institucionales
El descontento civil frente a esta agresión estatal ha encontrado un fuerte eco en el ámbito cultural y social. Figuras públicas de gran relevancia internacional han alzado la voz para denunciar el desprecio de la infancia por parte del aparato gubernamental.
"Estamos presenciando un experimento profundamente antiético con niños que carecen de la capacidad para comprender que estas intervenciones médicas los convertirán en pacientes crónicos de por vida", declaró públicamente la escritora J.K. Rowling.
La inmoralidad de este programa estatal ha alcanzado su punto álgido al revelarse que el NHS pretende cazar a los 226 menores necesarios para el estudio mediante un soborno encubierto de hasta £500 en vales de compra.
La batalla se traslada a los tribunales
Ante este panorama de descontento y abuso burocrático, el conflicto ha escalado rápidamente hacia las instancias judiciales del país, buscando frenar los abusos de un Gobierno que trata a los niños como mercancía política. Una coalición ciudadana interpuso una demanda formal ante los tribunales de justicia británicos contra la Autoridad de Investigación Sanitaria (HRA) y el Departamento de Salud y Cuidado Social (DHSC), alegando que el proceso de aprobación ética del ensayo contiene fallas procedimentales y metodológicas graves.
Debido a los litigios jurídicos en curso y a las medidas cautelares interpuestas por los demandantes para frenar la irresponsabilidad gubernamental, el reclutamiento formal de los participantes se mantiene congelado. Actualmente no se prevé el inicio de las inoculaciones antes del 1 de agosto, fecha en la que los tribunales británicos tendrán la oportunidad de dictaminar de forma definitiva sobre la legalidad y la moralidad de este programa médico.
