La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha activado un despliegue técnico y logístico en Venezuela tras los dos devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al estado Yaracuy y a la región centro-norte del país el pasado 24 de junio. Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo nacional decretó el estado de emergencia tras registrarse un balance oficial que ya asciende a 1,430 fallecidos y 3,150 heridos. El impacto de los movimientos telúricos ha provocado destrozos severos y generalizados en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Carabobo, Yaracuy y La Guaira; esta última entidad costera ha sido declarada formalmente como zona de desastre y se mantiene como el epicentro crítico de las operaciones de búsqueda y rescate.
El panorama de la infraestructura nacional es sumamente complejo, contabilizándose de forma inicial más de 1,423 estructuras gravemente afectadas. La Guaira concentra la mayor destrucción material, lo que ha obligado a mantener el cierre parcial de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Paralelamente, los sistemas de transporte masivo de la capital, incluyendo el Metro de Caracas y el sistema de ferrocarriles, se encuentran suspendidos, mientras que masivos cortes de energía eléctrica persisten en múltiples estados del país, dificultando las labores de remoción de escombros y la comunicación con las comunidades aisladas.
Las evaluaciones rápidas de colapso y habitabilidad (ERES) ejecutadas por ingenieros y expertos de la OPS en siete centros de salud clave (cinco ubicados en Caracas y dos en el litoral guaireño) revelan un escenario hospitalario sumamente crítico. Los informes técnicos describen un flujo de pacientes caótico y un hacinamiento severo, lo que ha generado un retraso en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad en las áreas de traumatología, ortopedia y neurocirugía. Asimismo, las inspecciones sanitarias alertaron sobre un personal médico sometido a niveles extremos de estrés, agravado por los daños estructurales que comprometen la continuidad de los servicios de los propios centros.
La evaluación diagnóstica en los hospitales identificó brechas institucionales alarmantes, destacando de forma prioritaria el colapso logístico de los servicios forenses y las morgues, así como fallas graves en el registro sistemático de víctimas y en los protocolos de seguimiento para la localización de personas desaparecidas. Frente a este diagnóstico, el Ministerio de Salud ha consignado una lista de requerimientos urgentes que incluye camiones refrigerados para la gestión y preservación de cadáveres, reactivos de laboratorio para devolver la capacidad operativa a los centros, kits quirúrgicos especializados en traumatismos y osteosíntesis, insumos de terapia intensiva, infraestructura de agua y saneamiento para refugios, y un lote masivo de vacunas contra el tétanos, el sarampión y la fiebre amarilla.
Para canalizar la respuesta internacional, la OPS ha activado de inmediato su Equipo Regional de Respuesta y la plataforma del Centro de Información y Coordinación de Operaciones Médicas (CICOM Virtual), logrando identificar a 38 técnicos en emergencias médicas y equipos especializados. Como avanzada de este contingente, un equipo médico de emergencia de Tipo 3 (EMT-3) ya arribó a La Guaira para instalar unidades de atención de alta complejidad en el terreno. Adicionalmente, la agencia internacional trabaja en coordinación con Protección Civil y el Grupo de Salud local con el fin de unificar las prioridades de asistencia y canalizar de forma transparente las donaciones internacionales ofrecidas por distintos países de la región.
En el ámbito del suministro humanitario, el organismo hemisférico coordinó el envío urgente de un cargamento de 4 toneladas de insumos médicos procedentes de su Reserva Estratégica ubicada en Panamá, el cual ya fue entregado formalmente a las autoridades sanitarias venezolanas junto con bolsas para cadáveres y material médico-quirúrgico de primera línea. En las últimas 48 horas, la OPS ha intensificado la distribución de estos recursos de emergencia en las zonas afectadas, reafirmando su compromiso técnico de acompañar a las instituciones públicas y a los socios humanitarios en la mitigación de los impactos sanitarios derivados de una de las peores tragedies naturales que ha vivido el país en las últimas décadas.
